El estudio correspondiente a las sentencias ha permitido identificar el exceso
de los poderes del Estado al momento de adoptar decisiones judiciales en contra de
comunicadores, periodistas y medios de comunicación. Lo más preocupante es pensar
y analizar que las funciones judiciales dentro de estos países se prestan, para la
decisión ilegítima en contra de los ciudadanos.
Se evidencia que las Cortes de Justicia resuelven en base a decisiones políticas
y no jurídicas, no se plasma una verdadera división de poderes. En los aspectos
importantes del caso argentino, la sentencia de la decisión que la CSJN de la Nación
emitida demuestra una debilidad dentro de la convencionalidad de los Estados, puesto
que las sentencias pronunciadas por la Corte IDH son vinculantes, es decir
obligatoriamente para un Estado, tienen que cumplirse las resoluciones emitidas por la
Corte, en este caso se evidencia todo lo contrario, por cuanto la CSJN es quien superó
a la Corte IDH en la polémica decisión interpretativa desarrollada. Pero, al final del día
la acató.
Siguiendo de cerca otros casos como, Palacios Urrutia y Otros vs Ecuador, en
donde el Estado ecuatoriano continúa cometiendo los mismos errores en contra de los
derechos humanos, sobre todo recordando la oposición que dicho gobierno, declaró en
contra de las normas internacionales y los organismos que los representan, con el
único fin de vulnerar derechos de los ciudadanos, evadiendo toda responsabilidad
convencional por parte del Estado. En los casos de Herrera Ulloa vs Costa Rica (2004),
Olmedo Bustos y Otros vs Chile (2001) y Ivcher Bronstein Vs. Perú (2001) y entre otros,
permite sostener que el derecho de libertad de expresión toma mayor realce cuando
se refiere a información de interés público.
Entonces, para alcanzar una respuesta singular de adecuada aplicación y
respeto a los derechos humanos, la Corte Interamericana deberá continuar con su
trabajo de aterrizaje con un activismo permanente dentro de cada uno de los Estados,
y trabajar con objetividad jurídica para hacer comprender a la política de la región la
importancia y beneficios para el desarrollo social que tienen el cumplir los derechos
de las personas o ciudadanos. Porque quizás, la convención internacional no sea
exclusivamente un derecho plasmado; sino que además puede ser la última esperanza
de los pueblos, para exigir la reparación de sus derechos, cuando estos se ven
vulnerados a diario por las elites y poderes estatales de un Estado.
El derecho a la libertad de expresión es fundamental y sobrepasa a los
derechos individuales de los particulares siempre y cuanto guarden relación con
información de interés público. Además, al analizar los presentes casos, se puede
constatar que en las decisiones que toman los Tribunales y Cortes no son netamente
jurídicas y en relación con la protección de los derechos humanos, se evidencia un
tinte de respaldo a sus respectivos poderes dando la espalda a la sociedad
democrática.